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Barcelona. Los pisos turísticos se desvinculan de las subidas de los alquileres

Los pisos turísticos de Barcelona quisieron defenderse ayer de las acusaciones lanzadas en las últimas semanas contra esta actividad ya sea por la presión que ejerce sobre el mercado residencial o por las prácticas ilegales y estafas que se están produciendo en el sector. De un lado, Apartur, la asociación de apartamentos vacacionales legales de la ciudad, presentó un informe económico para desvincularse de la subida de precios que está experimentando en estos últimos años el alquiler. De otro, Airbnb envió un nuevo comunicado en el que volvió a lamentar la negativa del Ayuntamiento a negociar y reivindicó una vez más su función social con las familias modestas. Para Apartur, la actividad de los pisos turísticos en Barcelona ha tenido un "nulo" efecto en el incremento de las viviendas de alquiler. Según el estudio presentado ayer, hay 13.555 apartamentos turísticos en la ciudad -de los cuales 9.606 son legales y el resto ilegales-, lo que supone un 1,64% del parque de viviendas de la capital catalana, que es de unas 850.000 unidades. Para calcular la cifra de apartamentos vacacionales, el estudio han buceado en los anuncios que aparecen en las ocho principales plataformas con viviendas de uso turístico, entre las que destacan Airbnb, Booking y Homeaway. Estas dos últimas retiraron los anuncios que correspondían a la actividad ilegal tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Según Enrique Alcántara, presidente de la patronal de apartamentos, en este último año a causa del incremento de las inspecciones el número de pisos turísticos ilegales se ha reducido en 1.076.

El estudio señala como principales causas del incremento del alquiler al aumento de población con un mayor poder adquisitivo, ya que Barcelona se ha convertido en una ciudad global y atractiva, y la mejora de la economía, con la reducción del paro. Señala, asimismo, que hay personas que están alquilando viviendas no registradas en el Incasòl. Se estima que en el año 2015 el número de contratos en esta situación fue de más de 51.000 y el año pasado de 50.000. Se trata de pisos habitados por personas no empadronadas en el municipio.

 

Fuente: La Vanguardia 05-07-2017